En los
primeros 32 meses de la administración de Peña Nieto se tienen contabilizados
57,410 asesinatos, según el reporte del semanario zeta. Mientras el mismo
semanario documento en el sexenio de Calderón 83,191 ejecuciones; el mandato
peñanietista proyecta registrar alrededor de 130 mil asesinatos.
La cifra por demás aterradora no es
suficiente para explicar el pobre desempeño de las autoridades de seguridad. A
esto, hay que agregarle la masacre de Tlatlaya, la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, las matanzas de Tanhuato y Apatzingán; y más
reciéntenme la fuga del penal de máxima seguridad de Joaquín Guzmán Loera para
demostrar cuan trágica ha sido la situación en materia de seguridad en lo que
va de este sexenio.
Detrás de esta realidad, existe una
estrategia fallida de parte de nuestras autoridades. Al inicio del sexenio, se
decidió que la Secretaria de Gobernación, absorbiera la Secretaria Federal de
Seguridad Publica, para lograr un mayor en control en materia de las
operaciones de seguridad nacional. Por lo tanto, su titular, Miguel Ángel
Osorio Chong, quedo como el principal responsable de seguridad en México.
La crisis de seguridad en México, y en
las instituciones de seguridad, se debe en gran parte, al mal manejo e
incapacidad que Osorio Chong ha demostrado al frente de este cargo. No ha
podido trabajar coordinadamente las
demás dependencias de seguridad. Ha tenido fuertes desavenencias con los
titulares del ejército, marina y PGR.
La primera gran discrepancia que tuvo
el Secretario de Gobernación, fue cuando se intentó poner en marcha la creación
de una Gendarmería Nacional. Osorio Chong no logro entenderse con el Secretario
de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y el titular de la Marina
Armada de México, el almirante Vidal
Francisco Soberon. Según fuentes publicadas en la revista proceso, estos no estuvieron de acuerdo en recibir mandos de
órganos civiles y abandonaron el proyecto para continuar realizando la tarea impuesta
desde finales del sexenio de Fox y de Calderón: combatir la delincuencia
organizada.
Más tarde, se presentaría el segundo
gran roce entre los titulares de gobernación y del ejército. A principios de
año, Osorio Chong anunciaría que el gobierno permitiría la entrada de civiles
en las instalaciones de 27 batallón militar, en Iguala, Guerrero, tal y como lo
exigían los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Raúl Isidro
Burgo.
La declaración de Osorio Chong provoco
la furia del Secretario de Defensa, quien rotundamente negó la entrada de los
padres, agentes del gobierno y el grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a invitación del propio gobierno
de Peña Nieto investiga la desaparición de los normalistas.
Las
disyuntivas y el parcial alejamiento del ejército, comprueban que el título que
ostenta el Presidente Peña Nieto como Comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, es meramente simbólico y no operacional.
Por si fuera poco, la relación entre
gobernación y la titular de la PGR, Arely Gómez, dista de ser la mejor. El
primer contrapeso de Gómez es el director en jefe de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón de Lucio, el hombre de confianza de Peña
Nieto para las indagatorias de la procuración de justicia en el Edomex.
De igual manera fue presidencia quien
nombro a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez como titular de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Muñoz Vázquez
es un hombre cercano al ejecutivo, ya que anteriormente trabajo en el mismo
puesto que ahora ostenta, pero en el Edomex.
Está por verse si Zerón y Muñoz Vázquez
escucharan más a la titular de la PGR, o en momentos de crisis o situaciones ambiguas,
consultaran primero a la presidencia antes de cualquier dar un paso en falso. Y
como dice el refrán, el que sirve a dos amos, con uno queda mal.
Ante
la situación crítica que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia,
las instituciones encargadas no parecen estar en las mejores condiciones de
ejercerla. Un gobierno que desobedece a los mandos civiles; una PGR que estrena
su sexto titular en menos en menos de diez años; un gobierno en que sus
instituciones de seguridad se han visto implicadas en matanzas y constantes violaciones a los
derechos humanos; y ante todo, un Secretario de Gobernación que ha mostrado su
torpeza en muchas ocasiones, y que ante la crisis, no ha sabido articular a las
fuerzas castrenses y a la PGR, para que junto a las fuerzas policiacas trabajen
de la mano para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos.
El tiempo corre y las autoridades no se
ponen de acuerdo. Y ya van 57,410 muertos.
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